Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), se declaró culpable este jueves por el cargo de “lavado de instrumentos monetarios” durante una audiencia celebrada en la corte federal de Houston, Texas, ante la jueza Hilda G. Tagle.
El ex mandatario estatal admitió que aceptó más de 3.5 millones en sobornos ilegales y los usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, de acuerdo con lo informado en un comunicado.
Según las versiones preliminares, esta declaración del ex mandatario tamaulipeco forma parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, en el que supuestamente se acordó desestimar los demás cargos —que incluían la conspiración para la importación de cocaína y marihuana, proveer declaraciones falsas a instituciones bancarias, extorsión, entre otros— de la acusación formal entregada en mayo del 2013, para así reducir su condena.
El gobierno de EEUU recomendó una sentencia de entre 8 y 11 años, aunque el máximo castigo sería de 20 años, informó la periodista Valerie González.
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba fue el gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas de 1999 a 2005, pero a principios del 2012 su gestión dio un giro de 180 grados cuando fue acusado -por un testigo protegido de la DEA- de haber lavado millones de dólares para Los Zetas y de estar involucrado en la logística criminal del cártel.
Inmediatamente después de las acusaciones, el funcionario huyó de la justicia mexicana y permaneció prófugo por cinco años sin que se conociera su paradero. La procuraduría ofreció una recompensa por 15 millones de pesos por información que llevara a su paradero y también giró una ficha roja ante la Interpol.
El 9 de abril de 2017 fue detenido en Florencia, pero más tarde se supo que durante su estancia en el país europeo permaneció oculto en un pueblo del sur de Italia, en Calabria. Viajaba con un nombre y pasaporte falsos, además de otros documentos de identificación.
En abril del 2018 el gobierno de Italia extraditó al ex gobernador a Estados Unidos, en lugar de a México, porque supuestamente argumentaron que las cárceles mexicanas estaban en “malas condiciones humanitarias”
