Policías de Tulum someten a salvadoreña y la asesinan

Agentes municipales de Tulum, Quintana Roo, sometieron y asesinaron a una migrante salvadoreña, a quien detuvieron supuestamente por alterar el orden público. Videos y fotografías que circularon en redes sociales muestran el momento en que cuatro uniformados a bordo de la patrulla 9276 detuvieron a la víctima y la tiraron al suelo, donde una mujer policía la inmoviliza colocándole la rodilla sobre la espalda hasta que la mata por asfixia.

Al lugar llegaron más patrullas y una camioneta de la policía local identificada con el número 9267, a cuya batea subieron el cuerpo de la mujer.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confió en que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables del asesinato, pues aseguró que somos pueblos hermanos y personas malas hay en todos lados.

“Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten. Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley”.

La víctima era originaria de Sonsonate, El Salvador, y fue identificada como Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, quien dejó huérfanas a dos hijas; contaba con visa humanitaria. La Fiscalía de Quintana Roo informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio: “Fiscales del MP han recabado entrevistas a cuatro agentes, tres hombres y una mujer, de la corporación policial de Tulum”. El presidente municipal, Víctor Mas Tah, aseguró que los policías fueron separados de su cargo y “están detenidos”.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio a conocer que la familia de la mujer salvadoreña que fue asesinada tras ser sometida por policías municipales de Tulum, contará con todo el apoyo del estado para salvaguardar su seguridad, integridad y acceso a la justicia. En un mensaje, aceptó las críticas por el trabajo de los policías y reconoció que se enfrenta, no solo en su entidad, sino en el país, a un reto estructural de educación de respeto a las mujeres.

La familia de la víctima contará con todo el apoyo del estado para salvaguardar su seguridad e integridad, así como garantizar su acceso a la justicia. Quien resulte responsable pagará las consecuencias de sus actos y “no habrá impunidad”.