La Casa de la Corrupción en Honduras

Palacio Presidencial, Vínculos con el Narcotráfico y el regreso al poder

Aunque mucho se sabe de la lamentable y muy familiar historia de corrupción y poder en Honduras, audios filtrados y resultados de investigaciones sobre narcotráfico internacional demuestran que desde hace tiempo se conoce que el expresidente Mel Zelaya y su familia estaban fuertemente involucrados con el Cártel de Colombia, utilizaban Honduras y sus recursos para llenarse los bolsillos y genera más corrupción.

Honduras ha estado conmocionado por una serie de escándalos que incluyen a su liderazgo presidencial. Las acusaciones de narcotráfico se han entrelazado con el expresidente Mel Zelaya, al encontrarse a sí mismo enredado en ellas incluso cuando intenta recuperar su influencia a través de su esposa, Xiomara Castro, quien actualmente se encuentra en la silla presidencial. Tanto Zelaya como Castro han sido acusados de enriquecerse a ellos mismos y a sus amigos a expensas de la nación, dejando a la población de Honduras ante un futuro manchado por nepotismo, crimen y con un destino incierto.

A inicios de 2023, un informante reportó que un oficial de alto rango dentro del gobierno hondureño indicó que la presidenta Xiomara Castro y su esposo el expresidente Mel Zelaya, han estado involucrados en sobornos, lavado de dinero y narcotráfico desde que Zelaya fue presidente. Aunque estas acusaciones contra Castro han estado vigentes en medios de comunicación, la fuente proporcionó carpetas de investigación específicas y grabaciones de voz que confirman las acusaciones y corroboran la evidencia.

Una investigación de varios meses para recolectar archivos de Honduras y Colombia resultó en una revisión exhaustiva de la complicidad ente la familia presidencial y distintos cárteles y bandas criminales en la región. La corrupción cada vez parece estar más normalizada de lo que se pensaba. La investigación claramente implica a varios miembros de la familia Zelaya, muchos de los cuales ocupan ahora cargos importantes dentro del gobierno, incluyendo a Carlon Zelaya, Mel Zelaya y a la propia presidenta.

Otros descubrimientos recientes han desenterrado revelaciones importantes a través de un testimonio en un Tribunal Federal de Estados Unidos, que implican a Zelaya y su familia en actividades de narcotráfico con uno de los grupos criminales más relevantes a nivel internacional, Los Cachiros. El testimonio presentado en una Corte Federal de E.E.U.U. señaló a Zelaya y miembros de su familia quienes recibieron un soborno de medio millón de dólares de Los Cachiros, uno de los grupos de transporte más grandes de Honduras, para proteger sus operaciones de tráfico de drogas.

Fuentes confidenciales dentro de la Dirección de Antinarcóticos de Colombia han proporcionado archivos de audio que establecen un vínculo directo entre Zelaya y líderes de cárteles durante su presidencia. Estos archivos exponen conversaciones relacionadas con operaciones de narcotráfico, sobornos y el abuso de poder para favorecer actividades criminales. Además, documentos obtenidos en Colombia corroboran la participación activa de Zelaya en el tráfico de drogas a nivel internacional durante su mandato presidencial que abarcó desde 2006 hasta 2009. Estos hallazgos añaden aún más sombras a la ya debilitada reputación del liderazgo hondureño.

Estos explosivos archivos de audio, obtenidos de fuentes confidenciales de la Dirección de Antinarcóticos de Colombia, arrojan la luz sobre una inquietante conexión entre el expresidente Mel Zelaya y notorios líderes de cárteles de la droga. Las conversaciones telefónicas interceptadas revelan conversaciones entre el “Capi” Mejía, piloto del infame narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y dirigentes del cártel de Sinaloa, en las que se detallan sus actividades en Honduras. Sus planes incluían establecer operaciones más permanentes en el país y utilizar a Honduras como punto de tránsito clave para el tráfico de drogas hacia Venezuela. Lo más alarmante es la revelación de que la administración de Zelaya desempeñó un papel en la facilitación de permisos agrícolas federales para las actividades ilícitas del cártel, convirtiendo de hecho a Honduras en un centro de cultivo de drogas.

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Mientras esto conmociona al resto del mundo, Castro y Zelaya son simplemente los últimos de una serie de expresidentes hondureños cuyos vínculos con el narcotráfico internacional han salido a la luz. Se descubrió que los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernandez estaban directamente implicados con Los Cachiros y con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa.

Zelaya, al igual que Sosa y Hernández, utilizó su posición política para enriquecerse a sí mismo y a su familia protegiendo a cárteles de drogas y bandas criminales en Honduras a cambio de sobornos procedentes del tráfico de drogas. Lobo Sosa, aunque aún no ha sido condenado, ha sido públicamente denunciado a nivel internacional. Su hijo, Fabio, se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos y fue condenado a 24 años de prisión. Hernández está siendo juzgado actualmente por narcotráfico internacional en Estados Unidos, mientras que su hermano, el exdiputado Tony Hernández, ya fue condenado en Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua.

PARTE 2: CORRUPCIÓN Y CÁRTELES

Una fotografía muestra a Carlos (Carlón) Armando Zelaya Rosales, actualmente subsecretario del Congreso, posando con el infame El Chapo. Tenía motivos para sonreír; los documentos sugieren que el capo de la droga una vez “el regaló” al presidente Mel Zelaya y a su familia un avión privado. El avión era un intercambio de paso seguro y protección para las operaciones de drogas dentro de Honduras, facilitado por los funcionarios del país. Esta relación no se limitaba solo al viejo Zelaya; Carlón y su sobrino, Héctor Zelaya, actualmente secretario privado de Xiomara Castro, habrían sido vistos con El Chapo varias veces. Testimonios recientes de personal asociado con las pistas de aterrizaje y los departamentos de aduanas han indicado que estos “regalos” desaparecieron misteriosamente de los hangares en Honduras.

Capi, un conocido transportista de drogas, confesó que los narcóticos que transportó de Colombia a Honduras estaban destinados a Carlón Zelaya. Curiosamente, el negocio de Carlón tuvo un notable repunte entre 2008 y 2009, justo antes del golpe hondureño.

Con un próspero tráfico de drogas, Honduras es un territorio privilegiado para producir y traficar estupefacientes como la cocaína. Los cárteles han tenido diversos medios para acceder al país: por aire, mar y tierra. Fluirsa, una empresa hondureña, ha estado bajo el escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su posible participación en el lavado de dinero y sus vínculos con el crimen organizado. 

Investigaciones recientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han revelado que de 64 personas vinculadas a las cuentas de débito de Fluirsa, 14, incluidos los tres hermanos Zelaya Rosales (Manuel “Mel”, Carlos Armando “Carlón” y Marco Antonio), recibieron privilegios adicionales como socios de la empresa. Las acusaciones contra Fluirsa también apuntan a sus adquisiciones de bienes raíces hechas con efectivo en dólares estadounidenses, con sus fundadores Aldo Asfura Laca y Elmy Valladares Ruiz supuestamente teniendo conexiones con el narcotráfico.

En febrero de 2018, Aldo Asfura Laca fue detenido por lavado de activos y asociación con el crimen organizado como parte de la operación “Dragón II” liderada por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) de Honduras y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Como parte de esta investigación, la UIF analizó una propiedad de Fluirsa en California y Honduras. Investigaciones posteriores mostraron que Mel Zelaya poseía la mayor parte de estos bienes raíces, y desencadenó una investigación paralela. Los registros muestran que, durante sus últimos meses como presidente, Zelaya pagó alrededor de 30 millones de lempiras para comprar las propiedades de Honduras en abril de 2009 en nombre de Asfura y Fluirsa. 

El dinero que cambiaba de manos por extrañas razones no era nada nuevo en esta relación. Mientras Zelaya era presidente, Aldo Asfura Laca recibió más de 55,000 lempiras para cuidar a tres caballos presidenciales. En marzo de 2018, Aldo Asfura Laca fue liberado. Sin embargo, el juez indicó que continuaría siendo investigado durante cinco años. La investigación sobre Fluirsa y sus vínculos con el crimen organizado continúa en 2023. Los servidores públicos han detallado que esta carpeta de investigación fue quemada desde que Xiomara Castro llegó al poder, y el personal que trabajó en la investigación continúa profundizando en cada evento que surge en torno a la familia presidencial. Pero Asfura no es de ninguna manera el peor dentro de Fluirsa.

Fundador de Fluirsa y amigo cercano de Carlón Zelaya, Sergio Neftalí Mejía Duarte (Neftalí Mejía) fue arrestado en agosto de 2017 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2017 por tener vínculos con los líderes de Los Cachiros Devis Leonel, Javier Heriberto Rivera Maradiaga, Wilter Blanco y Pedro García Montes. Mejía fue acusado de administrar la distribución de la cadena de suministro de drogas desde Honduras, Panamá y Guatemala hasta Colombia y México. Su pareja, Elmy Valladares, se convirtió en un foco de investigación porque estaba vinculada a Pedro García Montes. En 2018, FESCCO y ATIC aseguraron el Hotel Mosquitia, que pertenecía a Valladares, por lavado de dinero. 

Carlón Zelaya es conocido por tener amigos y socios de dudosa legalidad; muchos son narcotraficantes convictos que ahora cumplen condena en Estados Unidos. Carlón Zelaya tiene vínculos con personalidades como Milton y Wilkin Montalván, Juan Antonio Hernández, Juan Ramón Mata Waldurraga, Devis Leonel Rivera Madariaga, Fabio Lobo y Fredy Nájera, solo por nombrar algunos. 

Curiosamente, el nombre de Wilkin Montalván surgió en noviembre de 2018 cuando agentes estadounidenses entrevistaron a Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, sobre narcotraficantes. Esto generó preocupaciones sobre Montalván. Un artículo en La Tribuna en 2021 compartió cómo Montalván, “intubado por complicaciones del COVID-19, fue sedado cuando un pistolero le disparó dos veces en la cabeza. El pistolero y cuatro cómplices, vestidos como médicos, ingresaron al hospital privado de Tegucigalpa el 2 de septiembre alrededor de las 5 a.m., dirigiéndose directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos. Los falsos médicos se habían ido cuando el personal del hospital descubrió que Montalván había recibido un disparo”.

Una investigación posterior sobre Carlón mostró su profunda participación en el transporte aéreo de drogas y otros materiales en una pista clandestina llamada “El Aguacate” en Catacamas, Olancho, a menudo utilizada por los cárteles. Carlon es citado como el que aprobó qué aviones podían aterrizar y qué aviones podían salir.

Una revelación surgió durante el juicio de Fabio Lobo en 2017, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cuando el líder de Los Cachiros, Devis Maradiaga, testificó que Carlón había utilizado la famosa pista “El Aguacate” para operaciones de narcotráfico. Esta admisión confirmó las sospechas de larga data de que Carlón había autorizado el aterrizaje de aviones de carga en esta pista de aterrizaje clandestina, sirviendo a los intereses de los cárteles de la droga. Durante el juicio, también salió a la luz que Mel Zelaya y Castro recibieron dinero del narcotráfico para financiar sus campañas políticas, ayudando tanto a la carga de drogas como a sus propias ambiciones políticas a tomar vuelo. 

De hecho, documentos oficiales de la Dirección de Antinarcóticos colombiana corroboran aún más la participación directa de la familia Zelaya en estos envíos encubiertos de drogas. Estos documentos revelan que Mel Zelaya canceló personalmente un cargamento de drogas a Honduras después de su propio derrocamiento. Las conversaciones interceptadas entre Capi y su contacto hondureño proporcionan evidencia convincente, confirmando que un vuelo había sido cancelado debido a la destitución de Zelaya del poder.

PARTE 3: ARRESTOS Y ASILOS 

En 2019, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Héctor Emilio Fernández (Don H), un traficante de drogas hondureño afirmó que pagó dos millones de dólares “a un funcionario que se desempeñó como presidente de Honduras desde 2006 y que dejó el cargo en 2009 tras un golpe de estado”. En este punto, es posible que a nadie le sorprenda saber que se refería a Mel Zelaya, quien de inmediato salió a declarar que no conocía a Fernández. Sin embargo, la prensa comenzó a publicar que Zelaya mentía porque se sabía que era “amigo” de traficantes conocidos.

Los registros judiciales oficiales de una investigación por lavado de dinero en Honduras en 2009, proporcionados por fuentes confidenciales, vinculan a Mel Zelaya, siete miembros de su administración y su familia, incluida la actual presidenta Xiomara Castro, a un plan de apoyo a traficantes de drogas internacionales. La investigación establece conexiones con líderes del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Atlántico y una vez más, la pandilla de narcotraficantes Los Cachiros. A pesar de los arrestos, cargos y condenas de los principales objetivos de la investigación, Zelaya y los miembros de su familia nunca fueron acusados.

También han circulado rumores durante mucho tiempo sobre el hermano de Zelaya, Carlón, y su aliado político, Ulises Sarmiento, en relación con sus vínculos con el narcotráfico. En noviembre de 2009, un violento ataque con armas automáticas y granadas tuvo como objetivo a Sarmiento mientras estaba en la residencia de su hijo en Juticalpa, la capital de Olancho. La naturaleza del asalto sugería fuertemente una batalla entre traficantes de drogas, lo que aumentó las sospechas sobre las conexiones entre el hermano de Zelaya y Sarmiento.

Las alarmantes reformas y acciones tomadas por el gobierno hondureño bajo el liderazgo de la presidenta Castro han generado preocupaciones significativas entre la población. La aprobación de leyes que protegen a los políticos de investigaciones por malversación de fondos y lavado de dinero ha creado un ambiente de impunidad. Además, la reciente liberación de personas relacionadas con el crimen organizado ha dejado a los hondureños sintiéndose vulnerables y desprotegidos.

Mientras el pueblo hondureño lucha con las devastadoras consecuencias de un liderazgo corrupto, la nación se tambalea al borde de más caos y corrupción. La alineación de Mel Zelaya con la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) ha influido en el giro del país hacia la extrema izquierda, lo que supone una amenaza para su estabilidad. Las aproximaciones de Castro hacia Nicolás Maduro de Venezuela, la restauración de relaciones diplomáticas y la búsqueda de vínculos con China han generado preocupaciones sobre el crecimiento económico y la erosión de los valores democráticos.

El exfiscal general, Luis Alberto Rubí, actuó rápidamente en junio de 2009 al solicitar la detención de Mel Zelaya, imputándolo por una serie de delitos que incluían traición, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Poco después, tanto la Corte Suprema como el ejército también acusaron a Zelaya de intentar modificar la constitución de manera ilegal en beneficio propio. Como resultado, fue destituido de su cargo y se vio obligado a buscar refugio en las embajadas de Nicaragua y Brasil hasta 2010. Finalmente, Zelaya se exilió en la República Dominicana, donde su familia tenía importantes activos.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción de Honduras comenzó a investigar el “enriquecimiento ilícito” poco después de la destitución de Zelaya. El enfoque de su investigación se dirigió hacia los partidarios de la iniciativa de la cuarta urna de Zelaya, incluidos varios de sus funcionarios. Una lista de individuos relacionados con el círculo íntimo de Zelaya fue enviada a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para una mayor investigación sobre corrupción.
En 2019, el Congreso de Honduras aprobó una ley que protege a los políticos de investigaciones por malversación de fondos, lo que generó preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la transparencia, y dificultó aún más la posibilidad de presentar cargos contra individuos basados únicamente en su riqueza inexplicada.

PARTE 4: LAS INQUIETANTES CONEXIÓNES DE LA SRA. PRESIDENTA

Más recientemente, bajo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, casi 45 personas asociadas con el crimen organizado fueron puestas en libertad, incluidos los socios de Zelaya que habían sido detenidos durante el gobierno del presidente Juan Hernández por cargos de narcotráfico, tráfico de armas, blanqueo de dinero o posesión de activos financieros sospechosos. Según Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO) de Honduras, esta reforma concede de hecho inmunidad judicial a estos delincuentes.

La implicación de la familia Zelaya en la administración de la presidente Castro también ha desatado la indignación pública. Mel Zelaya asume el papel de asesor presidencial, mientras que Héctor Manuel Zelaya Castro actúa como su Secretario Privado. José Manuel Zelaya Rosales, hijo de Carlón, supervisa el Ministerio de Defensa Nacional. Rafael Leonardo Melara, primo de Juan Carlos Melara, ocupa el cargo de Secretario General de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento. Además, Doris García, prima de Xiomara Castro, dirige la Secretaría de la Mujer.

Para protegerse de las denuncias de nepotismo, la presidenta Castro tomó medidas para bloquear las búsquedas de información pública sobre las conexiones entre funcionarios públicos y propietarios privados en respuesta a las denuncias, en un intento de impedir el escrutinio de posibles conflictos de intereses. A pesar de las crecientes preocupaciones, Castro niega sistemáticamente las acusaciones de nepotismo dentro de su gabinete, manteniendo su postura en contra de las acusaciones.

Incluso mientras la presidente seguía negando las acusaciones de nepotismo y corrupción, se desató una tormenta de controversia que llevó a Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a informar sobre la enmarañada red de nepotismo y mala conducta. Tras la publicación de sus hallazgos, ella y su equipo se enfrentaron a ataques y amenazas sin precedentes. Desde que las revelaciones salieron a la luz, Castellanos y la CNA han sufrido acoso, lo que ha suscitado una preocupación legítima sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la actual administración hondureña.

Castellanos también reveló que el poder legislativo está efectivamente paralizado y no puede asegurar los votos necesarios para reformas cruciales. Estas incluyen la nueva admisión al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la reforma de la Ley de Justicia Tributaria. Esta paralización amenaza con obstaculizar la capacidad del gobierno para combatir eficazmente la corrupción y socava su compromiso de luchar contra el nepotismo y el abuso de poder.

Los críticos sostienen que la reforma fiscal y la ley de justicia tributaria de la presidente Castro, presentadas como medidas para abordar la desigualdad, obstaculizan el crecimiento económico y la creación de empleo. Cualquier disidencia o protesta pública se enfrenta a una feroz represión, que Castro tacha de traición. La supresión de las investigaciones sobre corrupción y la prohibición de perseguir delitos por parte del actual Fiscal General socavan aún más la transparencia y la rendición de cuentas. Incluso los medios de comunicación hondureños se han visto disuadidos de informar sobre estos asuntos, por temor a las rápidas repercusiones de un gobierno decidido a aferrarse al poder y ocultar la verdad a sus ciudadanos.

La inquietud sigue rodeando al gobierno de Castro, con la aparición de nuevas pruebas de mala conducta. Recientemente, los medios de comunicación han sacado a la luz grabaciones de audio y vídeo que Dulce Villanueva, ex directora de la Dirección Nacional de Bienestar de la Infancia y la Familia (DINAF), filtró de forma anónima. Estas grabaciones revelan a Villanueva solicitando sobornos a funcionarios de la DINAF, exigiendo honorarios que oscilan entre los 2.000 y los 5.000 lempiras. Estas revelaciones han hecho tambalear la confianza pública en la integridad de los funcionarios a los que se ha confiado el bienestar de los niños de la nación.

Otro escándalo más se desencadenó en el seno del gobierno de Castro cuando Tirso Ulloa, ex secretario del Instituto de la Propiedad, dimitió tras la publicación de una grabación de audio en la que se le implicaba en la solicitud de favores sexuales a mujeres que buscaban oportunidades de empleo. Estos escandalosos incidentes arrojan otra oscura sombra sobre las normas éticas del gobierno de Castro y plantean interrogantes sobre la gobernabilidad general de Honduras.

Los últimos acontecimientos políticos en Honduras han visto cómo el Congreso Nacional se esforzaba por elegir a un nuevo fiscal general y adjunto. Las disputas y acusaciones han sido abundantes, y muchos apuntan a la posible instauración de una dictadura socialista. La desconfianza de la opinión pública en sus dirigentes se hace eco de la preocupación en todo el mundo por el gobierno de Honduras, lo que repercute en las inversiones extranjeras y las empresas internacionales.

El gobierno de Castro ha impuesto medidas que restringen a las empresas la transferencia de dinero. Aunque estas medidas se defienden como estrategias para retener la riqueza, han sembrado la incertidumbre entre las empresas. El sentimiento general en Honduras es de creciente preocupación. A medida que las familias Zelaya y Castro continúan ejerciendo un poder significativo, muchos hondureños temen que el futuro de su nación pueda reflejar los tumultuosos caminos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

Con la corrupción, el narcotráfico y el nepotismo arrojando una oscura nube sobre Honduras, el futuro sigue siendo incierto para su pueblo. El regreso de Mel Zelaya y Xiomara Castro al poder suscitar serias preocupaciones sobre la estabilidad de la nación y los posibles paralelismos con el narcoestado fallido de Venezuela.

Todos esperan que Estados Unidos acuse a Mel Zelaya y a los miembros de su familia, al igual que ha hecho con Lobo y Hernández. Hasta ese momento, a menos que la legislatura hondureña y el Tribunal Supremo pongan freno a la situación, el destino de Honduras y de su pueblo pende de un hilo mientras se enfrentan a las consecuencias de un liderazgo corrupto y a la erosión de los valores democráticos. Las revelaciones sirven como grito de guerra para que la nación recupere su dignidad y erradique la corrupción que ha infectado a sus más altos cargos. La lucha contra el narcotráfico y quienes lo propician debe librarse sin tregua. Honduras debe superar su pasado contaminado y forjarse un futuro mejor, libre de las garras de los cárteles y de la corrupción que generan.