A partir del 1 de enero de 2024, esta empresa deberá entregar el servicio y su infraestructura a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado.
Diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron por unanimidad abrogar el decreto por el cual la XIV Legislatura (durante la gestión del ex gobernador Roberto Borge) prorrogó anticipadamente la vigencia de la concesión de Aguakan hasta el año 2053.
La iniciativa con proyecto de decreto, presentada como urgente y de obvia resolución, fue entregada el pasado 14 de diciembre por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro y ayer fue votada por 19 legisladores, sin necesidad de que fuera turnada a comisiones ordinarias, “debido a su trascendencia y para evitar consecuencias negativas para la sociedad”.
Durante la exposición de motivos, el diputado Humberto Aldana mencionó irregularidades en la gestión financiera de la concesión, incluyendo la transferencia de recursos a cuentas estatales sin rastro y su posible uso indebido.
“Se recibió la cantidad de mil 56 millones de pesos como contraprestación por la extensión de la concesión por más de 30 años y servidores públicos de ésta transfirieron los recursos a una cuenta del gobierno del estado de Quintana Roo, donde supuestamente fueron usados para gasto corriente y desde ahí ya no hubo rastro de tal dinero, lo cual deberá ser investigado plenamente por posibles delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los demás que resulten”.
En ese sentido, el diputado Julián Ricalde afirmó que Aguakan se comprometió por una contraprestación al estado por 320 millones de pesos anuales y a hacer infraestructura por 750 millones de pesos al año; sin embargo, asegura que incumplió en ambos casos.
“Aguakan adeuda al Estado alrededor de siete mil millones de pesos, más accesorios, sin pasar por alto la pésima calidad de su servicio, los altos cobros y multas que aplica en los cuatro municipios de la zona norte que hoy están bajo su tutela. Por eso, existen todos los elementos para echar fuera a esta empresa, particularmente en los municipios donde resultó vinculante la consulta popular y sin que el gobierno del estado tenga que pagar alguna indemnización por rescindirle el contrato de mil 55 millones de pesos firmado en la administración de Roberto Borge Angulo”, explicó.
Humberto Aldana también dijo que la legislatura que aprobó el decreto 250 no ratificó expresamente las cláusulas modificatorias de la concesión y destacó la ausencia de estudios sobre la viabilidad técnica y económica.
En la misma sesión, también se autorizó a los 11 gobiernos municipales que busquen alternativas para atender los servicios que ofrecía la concesionaria.
Acusan rechazo social contra Aguakan
De igual manera, Humberto Aldana mencionó la inconformidad social existente contra la concesionaria Aguakan, destacando que la derogación es una respuesta a la consulta ciudadana vinculante que expresó oposición.
“Esta honorable Legislatura está obligada a dictar medidas legislativas para cumplir con el mandato de la sociedad contenido en la consulta ciudadana vinculante, efectuada por el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, en la cual la población manifestó su oposición para que la concesionaria siguiera prestando el servicio concesionado, derivado de las constantes quejas ciudadanas relacionadas con la afectación a la salud, al medio ambiente, cobros excesivos y denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor”.
De esta manera, desde el 1 de enero de 2024, Aguakan deberá operar inmediatamente la reversión y entrega de los servicios que presten, así como los recursos, obras y bienes correspondientes, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo para garantizar la continuidad en el servicio.
Vía: MILENIO NOTICIAS
