La iniciativa presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Susana Hurtado, para establecer en la Constitución de Quintana Roo el derecho a la intimidad y a la propia imagen, ha generado un intenso debate en el ámbito legislativo y entre diversos sectores de la sociedad.
La propuesta, que busca reforzar las disposiciones del Código Penal del estado para sancionar la violencia digital a través de los medios de comunicación, ha sido cuestionada por legisladores y ciudadanos por considerar que podría tener implicaciones negativas en la libertad de prensa y el derecho a la información.
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es la posibilidad de que se utilice para limitar la labor periodística, especialmente en lo que respecta a la difusión de información relacionada con servidores públicos. Algunos críticos argumentan que esta medida podría ser interpretada como un intento de censura por parte de las autoridades, ya que pondría en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.
Además, se ha señalado que la propuesta podría ser utilizada como un mecanismo para proteger a funcionarios públicos de la crítica legítima y del escrutinio público, lo que podría socavar la democracia y fomentar la impunidad.
A pesar de las críticas, la diputada Hurtado defiende su propuesta argumentando que busca proteger la dignidad y la privacidad de los servidores públicos, quienes muchas veces son objeto de difamación y ataques injustificados en los medios de comunicación.
El debate sobre esta iniciativa continuará en el Congreso de Quintana Roo, donde se espera que se discutan y analicen todas las implicaciones y consecuencias de esta propuesta antes de tomar una decisión final.
Fuente: Quadratin Quintana Roo
