La noche del martes 6 de agosto, pobladores de la cuenca de Sonora y organizaciones civiles instalaron un antimonumento en la Plaza Emiliana de Zubeldía en protesta por una década de impunidad tras el mayor desastre ecológico provocado por la actividad minera en México: el derrame de metales en los ríos Bacanuchi y Sonora el 6 de agosto de 2014.
Diez Años de Impunidad y Abuso
“Se conmemoran 10 años de impunidad, de abuso a los empobrecidos, de voltear la cara a los que piden justicia. Se cumplen 10 años de complicidad entre quienes gobiernan y entre quienes dicen ser un motor de desarrollo en el país. 10 años de favorecer a quien concentra el dinero y el poder a costa de nuestro bienestar”, declararon los manifestantes en su pronunciamiento.
Las víctimas de la contaminación, que afectó a más de 22,000 personas, portaban pancartas con mensajes como “Salud para nuestras niñas y niños”, “No hay remediación sin nuestra participación” y “Grupo México, ¡basta de impunidad!”. Además, proyectaron consignas en un edificio cercano, exigiendo respuestas y acción del gobierno.
Reapertura del Caso y Compromisos Gubernamentales
En su conferencia matutina del miércoles 7 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la reapertura del caso, reconociendo el daño causado por Grupo México y comprometiéndose a que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informará sobre los avances en la investigación.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, también reiteró su compromiso de garantizar la atención integral a los habitantes afectados, enfatizando la necesidad de un desarrollo minero responsable y socialmente consciente.
Cronología del Desastre
El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó más de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas, contaminando los ríos Bacanuchi y Sonora. Este evento afectó gravemente la salud y economía de los pobladores de varios municipios, provocando el cierre de más de 300 pozos y una crisis en la región.
Acciones y Respuestas Insuficientes
Desde el desastre, Grupo México ha enfrentado críticas por la falta de una compensación adecuada a las víctimas. A pesar de multas y órdenes de remediación, los afectados no han visto una reparación significativa. La organización PODER ha documentado casi 400 casos de afectaciones a la salud en los dos años posteriores al derrame, señalando que los metales pesados en el agua tienen efectos a largo plazo.
En 2017, la cancelación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas) y la instalación de plantas potabilizadoras reflejó la insuficiencia en las respuestas gubernamentales. Para 2019, las autoridades reconocieron oficialmente el daño, pero Grupo México continuó negando su responsabilidad.
El Camino Hacia la Justicia
En 2023, la Semarnat presentó una denuncia penal contra Grupo México por incumplir con la reparación del daño. A medida que se conmemora el décimo aniversario del desastre, los afectados y las organizaciones civiles mantienen viva la demanda de justicia, esperando que las nuevas promesas gubernamentales se traduzcan en acciones concretas y efectivas.
Vía: INFOBAE
