Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Las autoridades judiciales de EE.UU. determinaron que García Luna aceptó sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, facilitando el trasiego de drogas a gran escala.
El juez Brian Cogan, quien presidió el juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, dictó una sentencia de 460 meses de prisión, además de imponer una multa de 2 millones de dólares. Los cargos por los que fue declarado culpable incluyen: participar en una organización criminal, conspiración para distribuir e importar cocaína, así como hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses.
García Luna desempeñó un papel clave en el combate al crimen organizado durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). No obstante, las investigaciones revelaron que, mientras luchaba contra los cárteles, también aceptaba sobornos del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, destacó la relevancia de esta sentencia al señalar que envía un mensaje contundente a los líderes corruptos en el mundo que utilizan su poder para proteger a los cárteles.
El juicio de García Luna expuso una red de corrupción en la que varios altos mandos policiacos mexicanos estaban involucrados. Entre los señalados se encuentran Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García e Iván Reyes Arzate, todos ellos con vínculos con el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna, está actualmente encarcelado en el Penal del Altiplano por delitos de tortura, mientras que Ramón Pequeño García permanece prófugo. Reyes Arzate, por su parte, fue condenado a 10 años de prisión en 2022 por su colaboración con cárteles y la obstrucción a la justicia.
La sentencia de Genaro García Luna, quien alguna vez fue considerado el principal arquitecto de la lucha contra el narcotráfico en México, marca un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, subrayando la complejidad de estos vínculos y la infiltración del narcotráfico en las instituciones de seguridad pública.
Vía: Infobae
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