Ante los señalamientos de la Secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado, contra exfuncionarios de la administración de Carlos Joaquín González, se ha revelado un posible daño al erario público de más de 7 mil millones de pesos entre 2011 y 2016, derivado de presuntas omisiones. Gabriela Mora Castillo, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVIII Legislatura, enfatizó la necesidad de investigar a fondo antes de emitir juicios y revisar qué diputados aprobaron las cuentas públicas en las legislaturas XIII y XIV.
Mora Castillo declaró que es fundamental determinar la responsabilidad de los legisladores que avalaron las cuentas públicas de diversas dependencias, entre ellas, la Cojudeq, la Secretaría de Salud, Finanzas y Planeación, VIP Saesa, Sedaru y el IEEA. “Es necesario contar con todos los elementos para evitar dar información errónea”, señaló la diputada.
Por su parte, Reyna Arceo Rosado mencionó que varios funcionarios de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), encabezada en su momento por Rafael del Pozo Dergal, incumplieron con sus deberes al dejar que prescribieran expedientes clave, lo que contribuyó al daño financiero.
Entre los diputados de la XIII Legislatura que aprobaron las cuentas destacan figuras como Manuel Aguilar Ortega, Alondra Herrera Pavón y José Alfredo Contreras Méndez, mientras que en la XIV Legislatura estuvieron presentes Arlet Molgora Glover y José Luis Toledo Medina, entre otros. Las investigaciones se centrarán en sus acciones para esclarecer responsabilidades y posibles actos de corrupción en torno a la aprobación de estos recursos públicos.
La investigación sigue en curso, con el compromiso de esclarecer el daño financiero que afecta a Quintana Roo, a fin de asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
