El gobierno de México expresó el lunes su inquietud ante la propuesta de la administración de Joe Biden de prohibir el uso de software y hardware de origen chino en vehículos que circulen en Estados Unidos, medida que podría tener efectos significativos en la industria automotriz mexicana. La Secretaría de Economía advirtió en un comunicado enviado al Departamento de Comercio de EE. UU. que esta iniciativa “podría afectar de manera sustancial” al sector automotriz de México.
Consecuencias para la Industria Automotriz Mexicana
La propuesta plantea riesgos de interrupciones en la cadena de suministro, costos de producción elevados y posibles reducciones en el empleo, tanto directo como indirecto, en México. Además, el gobierno mexicano señaló que la prohibición podría contravenir los acuerdos de libre comercio de América del Norte, al imponer barreras comerciales y limitar el acceso a proveedores establecidos dentro de la cadena automotriz.
Escalada de Tensión Comercial
Este proyecto es una continuación de las restricciones arancelarias que EE. UU. ha impuesto a las importaciones chinas, incluyendo un arancel del 100% sobre vehículos eléctricos (EV) y sus componentes. La nueva prohibición afectaría no solo a los vehículos de marca china, sino también a aquellos ensamblados en México con tecnología de origen chino.
Reacciones de la Industria
Grupos de fabricantes de automóviles y de tecnología, representados por la Alliance for Automotive Innovation y la Consumer Technology Association, pidieron más tiempo para ajustarse a la normativa. Fabricantes como General Motors, Toyota y Volkswagen solicitaron una prórroga de al menos un año para el hardware, mientras que Honda propuso extender ambos plazos dos años más, para poder realizar pruebas y ajustes en los contratos.
La prohibición del software se implementaría en los modelos de 2027, mientras que el veto al hardware entraría en vigor en 2029. De concretarse, este cambio afectaría solo a los vehículos en carreteras públicas, quedando excluidos los vehículos agrícolas, mineros, drones y trenes.
Con una decisión final esperada para el 20 de enero, la industria automotriz observa con preocupación esta propuesta que podría redefinir la estructura de la producción y el comercio de vehículos en América del Norte.
