La filial de Vulcan Materials Company, Calica, presentó una nueva demanda de amparo contra la declaratoria que convirtió 53 mil hectáreas en el Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, impidiendo definitivamente la extracción de material pétreo en sus terrenos al sur de Playa del Carmen.
El Juzgado Segundo de Distrito aceptó la demanda registrada bajo el expediente 1297/2024, pero nuevamente le negó la suspensión provisional. La audiencia incidental está programada para el 17 de diciembre, mientras que la audiencia constitucional, que podría resolver el fondo del asunto, se llevará a cabo el 31 de enero de 2025, salvo que haya apelaciones previas.
La demanda actual fue presentada bajo el nombre de Rancho Piedra Caliza (Rapica), sociedad mercantil de Calica y Vulcan Materials, que ostenta la propiedad de aproximadamente 2,200 hectáreas afectadas por el decreto emitido el pasado 23 de septiembre.
Desde hace siete años, Calica ha enfrentado diversas clausuras definitivas en sus predios, implementadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el respaldo de efectivos de la Marina en las más recientes, como la realizada en mayo de 2022.
El decreto firmado días antes de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejara el cargo prohíbe la extracción en áreas clave de Solidaridad, Cozumel continental y Tulum. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reiterado su compromiso de defender esta zona protegida, catalogada como un paso esencial para preservar los recursos naturales de la región.
Con esta nueva acción legal, Calica busca frenar una medida que podría poner fin a sus operaciones en la Riviera Maya, generando un conflicto ambiental y jurídico que promete extenderse.
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