El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Hugo Garza Sáenz, aseguró que la paraestatal tiene la capacidad para asumir el servicio de agua potable en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, tras la cancelación de la concesión a la empresa Aguakan. Sin embargo, destacó que el proceso judicial continúa, y no hay una fecha establecida para resolver el conflicto legal.
“Tenemos la suficiente capacidad instalada para brindar un servicio de calidad, suficiente y a bajo costo a la población de la zona norte del estado”, afirmó Garza Sáenz. Según el funcionario, la infraestructura necesaria es propiedad del Gobierno del Estado, lo que permitiría a CAPA tomar el control del suministro sin recurrir a otra concesionaria.
Consulta ciudadana y amparos en tribunales
La disputa con Aguakan surgió tras una consulta ciudadana impulsada por la senadora Marybel Villegas Canché, en la que los habitantes votaron mayoritariamente a favor de revocar la concesión. No obstante, la empresa interpuso recursos legales para defender su contrato, y las decisiones finales dependen de los tribunales federales.
Aunque anteriormente Garza Sáenz declaró que el proceso podría concluir antes de finalizar 2024, ahora se muestra más cauteloso, señalando que no hay tiempos definidos para la resolución del caso.
Sin necesidad de nuevas concesiones
El director descartó la posibilidad de entregar el servicio a otra empresa concesionaria, reiterando la capacidad técnica y operativa de CAPA para gestionar el abasto de agua potable en los municipios afectados.
“Estamos preparados para asumir la responsabilidad y garantizar un servicio eficiente. No es necesario analizar otras opciones”, subrayó.
Expectativa ciudadana y próximos pasos
Mientras tanto, la ciudadanía permanece a la espera de que se resuelva el litigio, ya que el servicio de agua potable es un tema prioritario para los municipios involucrados. CAPA asegura estar lista para entrar en acción, pero la decisión final dependerá de las autoridades judiciales.
El resultado del conflicto marcará un precedente en la gestión de recursos hídricos en Quintana Roo, poniendo en el centro del debate la calidad del servicio, la transparencia en las concesiones y la defensa de los derechos de los ciudadanos.
