El secuestro con violencia del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán y su pareja, María Cruz Campos Frías, en Playa del Carmen, Quintana Roo, ha causado conmoción y levantado sospechas sobre la posible complicidad de autoridades locales con grupos delictivos.
El crimen, ocurrido el 20 de noviembre de 2024, dejó a sus dos hijos menores de edad en cautiverio durante cinco días, hasta que fueron rescatados por familiares. La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado el caso ante presuntos vínculos entre criminales y funcionarios estatales.
Un secuestro con extrema violencia
La noche del 20 de noviembre, ocho hombres armados irrumpieron en la residencia del empresario en el fraccionamiento Allegranza Residencial.
Tortura y extorsión: Vizcarra Millán fue sometido a violencia extrema, aparentemente para obtener información y dinero. Niños en cautiverio: Sus hijos fueron encerrados en una habitación, sin comida ni ayuda. Desaparición forzada: El 25 de noviembre, los secuestradores se llevaron a la pareja con rumbo desconocido.
El 26 de noviembre, una tía encontró a los niños y dio aviso a las autoridades.
Transferencias millonarias y posible complicidad de autoridades
Durante el secuestro, se realizaron transferencias por más de 360 millones de pesos a cuentas de empresas fantasma, lo que sugiere una extorsión financiera.
Vínculos sospechosos: La familia del empresario ha denunciado irregularidades en la investigación y la negativa de la Fiscalía de Quintana Roo para reconocer a los hijos como víctimas indirectas. Hallazgo sospechoso: El vehículo en el que fueron trasladadas las víctimas apareció quemado cerca de la sede de la Fiscalía estatal en Cancún, lo que ha generado dudas sobre la posible protección a los responsables.
Investigación lenta y una familia en la incertidumbre
Desde la denuncia presentada el 27 de noviembre, el caso ha avanzado con poca transparencia. La Fiscalía de Quintana Roo ha sido señalada por su falta de acción, lo que ha obligado a la familia a recurrir a la FGR en busca de justicia.
No hay rastro del empresario ni de su pareja. La familia exige celeridad y castigo a los responsables. El caso ha expuesto la creciente inseguridad y el poder del crimen organizado en la región.
Mientras las autoridades prometen esclarecer los hechos, los hijos del empresario siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus padres.
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