
Pese a la gravedad del caso, el Senado de la República rechazó la creación de una comisión especial para investigar los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se han documentado actos de tortura y asesinato vinculados al crimen organizado. La propuesta, impulsada por la oposición, también contemplaba la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue bloqueada por la mayoría legislativa.
Con 61 votos en contra y solo 31 a favor, los senadores de Morena, PT y PVEM impidieron que el tema avanzara, enviándolo a la Comisión de Gobernación sin discusión. La oposición y colectivos de derechos humanos han calificado la decisión como un acto de impunidad que pone en riesgo la transparencia de las investigaciones.
El senador panista Ricardo Anaya condenó la negativa del Senado y recordó que el propio gobierno federal ha reconocido la existencia de centros clandestinos de tortura en el rancho, donde presuntamente se asesinaba a quienes no aceptaban el adiestramiento del crimen organizado o intentaban huir.
El hallazgo que sacudió a Jalisco
El caso salió a la luz en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores descubrió en el rancho tres hornos clandestinos usados para la incineración de cuerpos, además de cientos de fragmentos óseos. Las imágenes y testimonios revelados desde entonces han generado una ola de indignación nacional e internacional.
Ante la presión pública, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación, aunque sin la supervisión de una comisión legislativa, lo que deja dudas sobre la imparcialidad y profundidad de las indagatorias.
Indignación y exigencias de justicia
La negativa del Senado ha desatado fuertes críticas de defensores de derechos humanos, familias de víctimas y la oposición, quienes advierten que este caso podría quedar impune sin una investigación independiente.
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