Hugo Buentello Carbonell, quien se desempeñó como subdirector de Operaciones en Liconsa durante el sexenio anterior, fue detenido el pasado 11 de abril por su presunta responsabilidad en el millonario esquema de corrupción que envuelve al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó su captura, la cual se habría llevado a cabo a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que firmara contratos irregulares para la distribución de leche que nunca fue entregada.
Según documentos obtenidos por MCCI, entre 2019 y 2021, Buentello firmó contratos por cientos de millones de pesos con empresas como ILAS México, vinculada con operaciones de lavado de dinero, y Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, con la que acordó la entrega de 50 mil bolsas de leche en polvo por 86 millones de pesos… productos que jamás llegaron a los almacenes de Liconsa.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la empresa subcontrató el 100% del servicio, y Liconsa no pudo probar que los productos pactados se entregaron. Esto derivó en una investigación de la FGR que hoy ya tiene a los tres firmantes del contrato detenidos: Édgar Alejandro Armenta Peralta (abril 2023), René Gavira (diciembre 2023) y ahora Hugo Buentello.
En mayo de 2023, Latinus lo vinculó con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, y con contratos en Sedatu. Sin embargo, los hermanos López Beltrán negaron toda relación con Buentello.
Lo que reveló MCCI fue que el exfuncionario tenía una empresa de mobiliario urbano, “Grava y Arena”, que compartía domicilio con otra firma relacionada con Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo cercano de López Beltrán y supervisor de la obra del Malecón de Villahermosa.
En un reportaje posterior, MCCI detalló que la Sedatu impuso como condición en al menos seis contratos —por mil millones de pesos— el uso de mobiliario urbano fabricado por la empresa de Buentello, hoy detenido por uno de los escándalos de corrupción más grandes de este sexenio.
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