El responsable del “error” en el cálculo de los sobrecostos de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que desató polémica entre el órgano y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador compareció ante la Cámara de Diputados este martes, donde defendió las cifras que arrojó su trabajo ante señalamientos internos por “inconsistencias” y “discrepancias”.
“No es pertinente, en este momento procesal, dar una cifra nueva que quiera establecerse como verdad inamovible”, aseguró el auditor el auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, ante los diputados de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El auditor de la ASF, con una suspensión temporal en su cargo por las supuestas discrepancias, añadió que “el valor real y las condiciones de recompra, así como los instrumentos financieros, aún no se concreta ni es un hecho definitivo a este día”.
El auditor Caso Raphael fue tan lejos como decir ante los diputados que los primeros recursos asignados a Texcoco se remontan al presupuesto de 2014 y “la cancelación no ha concluido”. “No estamos ante un hecho pagado y cerrado, es un proceso dinámico con escenarios jurídicos y financieros que pueden completarse hasta en 26 años”, añadió.
En cuanto al comunicado que la ASF emitió tras las quejas del presidente López Obrador, aceptando “inconsistencias” en los cálculos de la Cuenta Pública para 2019, el primer año completo de la actual administración, el auditor suspendido dijo que “nunca” había sido presionado “por agentes externos”.
Cuestionado sobre el proceso que la ASF y la comisión de Vigilancia, así como la Unidad de Evaluación y Control (UEC), están llevando a cabo para determinar los verdaderos sobrecostos de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, Caso Raphael dijo que no podía opinar de una investigación abierta y por el que fue separado de su cargo.
Sin embargo, el auditor sí defendió su trabajo al frente de su departamento en la ASF. “El área a mi cargo es ajena a la discusión partidista. Su servidor tiene 50 años de experiencia profesional, durante los cuales nunca he sido sancionado por ninguna irregularidad”, añadió.
En el mismo tono, Caso Raphael indicó que no defendía “con capa y espada” una cifra, sino las razones por las cuales las dos cifras presentadas, tanto la del gobierno de López Obrador como la de la ASF, tienen “igual validez” pero con “dos ópticas distintas”. “No son verdades excluyentes”, dijo.
Además, adelantó que respetará las conclusiones del grupo de trabajo formado para esclarecer las “discrepancias”, como las llamó el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, en su propia comparecencia ante los diputados la semana pasada, la cual en ese momento “era cuestión de días” para publicarse.
Caso Rapahel también aclaró que su trabajo no se trata “de ninguna manera de un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno democráticamente electo”, luego de que López Obrador acusara a la ASF de ser tendenciosa en su labor.
El auditor defendió la metodología usada, ya que en ella se consideraron los costos económicos y no sólo los contables. “No hay disyuntiva entre cifras buenas o malas, sino distintas metodologías que generan resultados acordes a sus métodos”, completó, diciendo que la usada por la ASF es reconocida por organismos internacionales y por la Constitución y leyes mexicanas.
En el costo estimado realizado por la ASF y bajo asedio en las últimas semanas, se incluyeron los gastos erogados entre 2014 y 2019, así como los bonos pendientes y las demandas en proceso. “Los datos de costos futuros son estimaciones porque estos recursos no han sido pagados, algunos instrumentos financieros no se han cancelado y la recompra de bonos se materializará en el futuro”, argumentó.
Dijo también que los costos económicos, vienen de los datos que proporcionan los entes auditados, donde consideraron el tema económico, que el cálculo oficialista había dejado de lado y por el cual las cifras no coincidieron.
El auditor Caso Raphael por último indicó a los diputados que existe una “área de oportunidad” para reformar la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública a raíz de esta polémica. Se trata de un supuesto vacío legal, ya que no existe un proceso claro para determinar cómo se deben manejar las cifras de un proyecto de construcción cancelado.
“Estoy a sus órdenes para presentarme cuantas veces sea necesario, para superar la falsa disyuntiva de ambos métodos, porque ambos tienen sustento legal y técnico. No es mi intención imponer una cifra sobre la otra, son de naturalezas distintas”; concluyó.
Fuente:infobae
