La Auditoria Superior del estado investiga los contratos firmados por la Oficial Mayor del ayuntamiento de Solidaridad, Yazmín Janette Díaz Ojeda, y la tesorera Shelina Abigail Díaz Ojeda; luego de detectar graves irregularidades en las transacciones firmadas a finales del 2020. Las funcionarias abrían beneficiados con contratos millonarios a empresas de reciente creación, domiciliadas en el estado de México, tal es el caso de la empresa de Isauro Israel Serrano Sotelo. La empresa “ABASTECIMIENTO MOVSE, S.A. DE C.V.” se le adjudicó bajo una licitación amañada, un contrato por 5 millones 986 mil 845 pesos, para la renta de 3 camiones de “volteo”
La empresa del estado de México, fue creada el 11 de marzo del 2019, bajo la fe del Notario Público Juan Carlos Villicaña Soto, fedatario número (85), con ejercicio en la Ciudad de Huixquilucan, Estado de México.
La empresa aportó como domicilio un edificio que actualmente se encuentra abandonado, en la Avenida México 182, Piso 2, Colonia el Carmen, Coyoacán, entre Avenida Río Churubusco y Calle Bruselas, Ciudad de México, Código Postal 04100. Según el contrato a esta empresa “fantasma” se le contrató para EL ARRENDAMIENTO DE 3 VOLQUETES PARA DISPOSICIÓN FINAL DEL SARGAZO”
El contrato establece que los 3 camiones prestarían el servicio 6 meses, para el acarreo y disposición del sargazo. Pese a que el contrato está plagado de irregularidades, las funcionarias autorizaron el pago de 332 mil 602 pesos, por la renta mensual de los 3 camiones recolectores.
Bajo un esquema de arrendamiento financiero con la empresa KENWORTH S.A DE CV, El arrendamiento con opción a compra de camiones NUEVOS hubiera costado la mitad de lo contratado por estas ineficientes administradoras de los recursos del pueblo de Solidaridad. Por si esto no fuera suficiente, los camiones arrendados son modelos con más de 10 años de uso. Estas graves irregularidades han llamado la atención del Auditor Superior del estado, y de la propia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Quienes ya han solicitado informes para la investigación de lo que a todas luces es un acto de corrupción.
