Con el objetivo de apresurar la salida de los últimos agentes civiles de la corporación, o por lo menos retirarlos de las calles, la Guardia Nacional (GN) puso en marcha un programa de retiro voluntario en el que ofrece “compensación económica” a estos elementos, a cambio de renunciar definitivamente al cargo. Los que no aceptan son reasignados, de forma obligatoria, a otras áreas distintas a las de patrullaje y prevención.
Documentos internos a los que GHNOTICIAS tuvo acceso muestran que, en un solo día, 600 efectivos que estaban en labores de vigilancia en las calles fueron reubicados a otras áreas de la corporación. En tanto, miles fueron trasladados a la Ciudad de México para ser exhortados a adherirse al programa de retiro voluntario y, mientras eso ocurre, permanecen congelados. Policías militares reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son los responsables de asumir sus funciones.
Esto sucede pese a que, por definición constitucional, la GN es una institución civil, y a que instancias como la ONU o Amnistía Internacional han pedido frenar la militarización de las tareas de seguridad pública.
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