La comunidad de Playa del Carmen se ve sacudida por el caso de un profesor de matemáticas de la secundaria Vicente Guerrero, quien ha sido acusado de abuso sexual contra tres alumnas. A pesar de las graves acusaciones en su contra, el individuo ha sido favorecido con la medida de prisión domiciliaria, dejando en entredicho la protección de las víctimas y generando una ola de indignación entre la población.
Los hechos se remontan al pasado mes de enero, cuando el docente habría cometido el delito que ahora se le imputa. Tras una denuncia penal y la subsiguiente integración de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, se emitió una orden de aprehensión en su contra, resultando en su detención días después.
Sin embargo, durante la audiencia inicial de formulación de imputación el 6 de febrero, el juez de control Nicolás Pinzón Ávila, en una controvertida decisión, optó por otorgar al acusado la medida cautelar de prisión domiciliaria, ignorando la contundencia de las pruebas presentadas y dejando en un estado de vulnerabilidad a las jóvenes afectadas.
La abogada Fabiola Cortés Miranda, quien ha representado a las víctimas en este caso, denunció las irregularidades en el proceso, señalando que el juez de control mintió al afirmar que la prisión preventiva no estaba contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta situación ha generado un profundo cuestionamiento sobre la efectividad y la imparcialidad del sistema judicial.
Por su parte, Miguel Medina Cortázar, subsecretario de Educación en la zona Norte, ha confirmado los hechos atribuidos al docente, asegurando que este ha sido separado de su cargo como medida cautelar. Sin embargo, la dependencia educativa se ha abstenido de rescindir su contrato laboral hasta que se obtenga una sentencia firme.
Ante esta situación, se hace un llamado urgente a la comunidad estudiantil para que denuncie cualquier acto que vulnere sus derechos. La protección de las víctimas debe ser una prioridad absoluta en casos tan sensibles como este, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que se haga justicia sin menoscabar su integridad ni su seguridad.
El caso continúa generando debate y exigiendo respuestas claras sobre el manejo de la justicia y la protección de los derechos de los afectados.
Con Información de Sipse Noticias
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