
El Juzgado Primero de Distrito ha determinado la suspensión provisional de la construcción de una cafetería en la plazoleta del Congreso del Estado de Quintana Roo, otorgando la razón a diversas organizaciones ciudadanas que habían interpuesto al menos 11 amparos contra la Décimo Séptima Legislatura por la destrucción del patrimonio cultural.
Georgina Marzuca Fuentes, presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, explicó que la instancia judicial federal ha emplazado a varios funcionarios, incluyendo a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jissel Castro Marcial, los diputados de la Décimo Séptima Legislatura, la gobernadora Mara Lezama, el secretario de Educación Carlos Gorocica Moreno, la directora del Instituto para la Cultura y las Artes (ICA) Lilian Villanueva Chan, la presidenta municipal de Othón P. Blanco Yensunni Martínez Hernández, y el director de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio capitalino. Estos funcionarios deben presentar un informe justificado a más tardar el 20 de agosto sobre las justificaciones y autorizaciones otorgadas para la realización de la obra.
Marzuca Fuentes señaló que las organizaciones ciudadanas fueron notificadas el 9 de julio del amparo indirecto 587/2024-I-B, otorgado por el juzgado primero de distrito. “Este amparo representa un logro contra la actuación de la Décimo Séptima Legislatura, que se ha apartado de la ciudadanía y ha violado las facultades que les confiere la ley,” afirmó.
El conflicto se intensificó después de que se retiraran la estatua de Don Andrés Quintana Roo, el asta bandera y un mural ubicado junto a la sala de reuniones del Congreso del Estado. Las organizaciones ciudadanas sostuvieron una reunión con Castro Marcial, quien confirmó la construcción de la cafetería con un costo de 14 millones de pesos, proyectando su finalización antes de que termine el periodo legislativo en septiembre. A pesar de las protestas ciudadanas por la afectación al patrimonio cultural, no hubo diálogo y se informó que la obra se realizaría con recursos provenientes de un ahorro, ya que no estaba incluida en el presupuesto de egresos del poder legislativo para 2024.
Marzuca Fuentes enfatizó que la suspensión provisional de la obra es un logro ciudadano, ya que la construcción no cuenta con los permisos necesarios de las instancias responsables del patrimonio cultural.
Vía: NOTICARIBE