Durante más de una década, el gobierno del estado de Quintana Roo ha destinado cuantiosas sumas de dinero de los fondos públicos para subsidiar a la franquicia de béisbol local, los Tigres de Quintana Roo. Entre 2009 y 2020, esta inversión ha superado los 360 millones de pesos, un monto que proviene directamente de los impuestos de los ciudadanos.
Los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge fueron responsables de otorgar 239.7 millones de pesos al equipo durante un periodo de siete años. Posteriormente, el gobierno de Carlos Joaquín continuó esta práctica al destinar 125.2 millones de pesos adicionales entre 2017 y mediados de 2020.
En el marco de un contrato firmado entre el gobierno estatal y el exjugador de béisbol Fernando Valenzuela Burgos, el equipo recibió un subsidio extra de 18.24 millones de pesos al cierre de 2020, consolidando así la continuación de este costoso respaldo financiero.
En total, los habitantes de Quintana Roo han tenido que asumir una pesada carga financiera para mantener a flote esta franquicia, cuyo propietario es el hijo del reconocido exbeisbolista Fernando Valenzuela. Esta considerable inversión pública, que asciende a más de 360 millones de pesos, ha estado envuelta en cuestionamientos debido a la falta de transparencia. Las auditorías estatales han permanecido en silencio, dejando tras de sí un rastro de presunto blanqueo de capitales y actividades sospechosas, comparables a las aguas oscuras y contaminadas de un sumidero.
