En los últimos meses, la violencia en Tabasco ha escalado a niveles preocupantes, generando un intenso debate político y social. En noviembre pasado, el gobernador Javier May Rodríguez acusó un posible pacto entre las administraciones anteriores y la delincuencia organizada, señalando específicamente al senador Adán Augusto López Hernández y a Carlos Merino Campos, exgobernador interino, como actores involucrados en estos acuerdos.
Las declaraciones de May fueron respaldadas por la denuncia sobre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública, quien lideraría ‘La Barredora’, un grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos señalamientos han llevado a una serie de investigaciones y pronunciamientos desde diversos frentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su habitual conferencia mañanera, rechazó tajantemente las acusaciones contra Adán Augusto López Hernández, indicando que no cuenta con información que respalde dichos acuerdos. No obstante, reconoció el aumento de delitos bajo la administración de Carlos Merino Campos como gobernador interino, lo que llevó a la destitución del secretario de Seguridad en ese momento, tras acusaciones de vínculos con grupos criminales.
A pesar de esto, Sheinbaum destacó el trabajo conjunto entre el gobierno estatal y federal para combatir la inseguridad en Tabasco. La coordinación incluye al general Víctor Hugo Chávez Martínez como secretario de Seguridad estatal, quien colabora estrechamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las fiscalías tanto del estado como de la República.
Datos recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) revelan que el 60.4% de los tabasqueños consideran la inseguridad como su principal preocupación, siendo los cajeros automáticos los sitios menos seguros. Además, la violencia no cesa: las últimas semanas han sido testigos de múltiples eventos criminales, incluyendo dos masacres atribuidas a ‘La Barredora’, un grupo delictivo que mantiene una lucha constante por el control territorial en la región.
Este panorama ha generado una fuerte tensión política, con acusaciones cruzadas y respuestas gubernamentales que aún buscan estabilizar la situación. La colaboración entre las distintas esferas del gobierno parece ser clave para enfrentar este reto constante.
