A pesar de estar prohibidas por el derecho internacional, las minas terrestres antipersonal se han convertido en uno de los principales instrumentos de guerra utilizados por los cárteles en la región Tierra Caliente de Michoacán. Durante los últimos tres años, su manejo se ha expandido a otras zonas del estado, poniendo en riesgo la vida de civiles, policías y elementos militares.
Según informes del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán (OSHRA), los artefactos han causado decenas de muertes y lesiones, sobre todo a campesinos durante sus labores agrícolas. Un caso reciente fue el ocurrido en Cotija, donde dos soldados perdieron la vida tras pisar una mina. Otro incidente, en Tumbiscatío, resultó en la muerte de tres jornaleros y varios heridos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que las minas antipersonal no solo representan un peligro inmediato, sino que su impacto perdura durante décadas, afectando la producción de alimentos y la economía local. A pesar de ello, las autoridades michoacanas han minimizado el problema.
El OSHRA denuncia que, frente a esta amenaza, las acciones gubernamentales han sido insuficientes, concentrándose en los centros urbanos mientras las comunidades rurales quedan desprotegidas. Además, alertan sobre la fabricación cada vez más avanzada de estas minas por parte del crimen organizado.
Para mitigar riesgos, el OSHRA ha desarrollado infografías con recomendaciones de prevención, basadas en la experiencia de otros países con problemas similares. Sin embargo, la falta de una respuesta efectiva mantiene la inseguridad en muchas zonas rurales del estado.
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