
Tras las críticas a la reciente reforma al Código Penal y a la Ley de Movilidad, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, envió una corrección al Congreso estatal para aclarar que no se castigarán bloqueos carreteros, sino únicamente los daños y destrucción de infraestructura vial que afecten los servicios de emergencia.
“Nuestro objetivo es proteger las vías de comunicación sin vulnerar la libertad de expresión y reunión”, afirmó la mandataria.
¿Qué cambia con esta corrección?
No se sancionarán bloqueos viales en manifestaciones.
Solo se castigará el daño a vías de comunicación, mobiliario urbano o señalización.
No se penalizará la retención de transporte público en protestas.
Se mantiene la persecución de oficio para taxistas que cometan estos delitos.
Respuestas a las críticas y nueva postura del gobierno
Organizaciones como colectivos feministas y Madres Buscadoras expresaron su preocupación por considerar la reforma una “ley garrote” contra la protesta social.
En respuesta, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo revisó la legislación y propuso aclaraciones para evitar interpretaciones erróneas que afecten derechos fundamentales.
“Queremos garantizar la seguridad sin coartar la libre manifestación”, subrayó Lezama.
Esta modificación busca proteger bienes públicos, mantener el orden y salvaguardar los derechos humanos, asegurando que Quintana Roo tenga una legislación clara y justa.