
La construcción de una casa de retiro para militares a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las inmediaciones de la laguna de Bacalar ha despertado una fuerte polémica, luego de que la bióloga María Luisa Villareal calificara como inaceptable e incongruente la justificación de la dependencia federal para evadir la evaluación de impacto ambiental.
Según la Sedena, se trata únicamente de una “remodelación”, argumento con el que obtuvo una excepción al trámite ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). No obstante, especialistas advierten que la obra presenta características de una construcción nueva, lo que la excluye de esa categoría.
“No basta con que alguien diga ‘Lo prometo, es solo una remodelación’. La autoridad debe verificar y exigir pruebas técnicas, no simples declaraciones de buena fe”, subrayó Villareal.
La bióloga detalló que en el portal oficial de trámites federales se establece que para obtener una exención es necesario demostrar que no habrá contaminación, alteración del ecosistema ni aprovechamiento de recursos naturales, algo que hasta ahora la Sedena no ha transparentado.
Villareal advirtió que si se está usando maquinaria pesada, dragando, rellenando y cimentando, además de gestionar trámites ante la CFE o CAPA para suministro adicional de energía o agua, la justificación de una simple remodelación queda sin sustento legal.
Además, recordó que la zona de construcción es altamente frágil: Se encuentra frente a una falla geológica activa,
Forma parte de un ecosistema oligotrófico y sensible,
Y está clasificada por el CENAPRED como área de alto riesgo por inestabilidad de laderas.
“Esto no solo es ambientalmente riesgoso, también pone en peligro a la población que habita cerca de la zona”, señaló.
Finalmente, advirtió que al tratarse de una obra catalogada como de seguridad nacional, se incrementa la preocupación por los posibles efectos colaterales para los residentes de Bacalar. La científica hizo un llamado a la Semarnat y a las autoridades locales para que se presente el proyecto completo de manera pública, como ocurrió con otras construcciones polémicas vinculadas al Tren Maya.
“No podemos seguir sentando precedentes de cómo evadir la ley con discursos ambiguos. Exigimos transparencia total”, concluyó.